Mesa: “Entre conflicto y consulta: Industrias extractivas y Territorio en la encrucijada” en el marco del evento 3 años después… YO RECUERDO BAGUA.

Autor: Mijail Mitrovic

“Entre conflicto y consulta: Industrias extractivas y Territorio en la encrucijada”

Los ponentes plantearon diversos aspectos del problema que dio título a la reunión, que se desprenden de los sucesos de Bagua en el 2009. Paso a reseñar brevemente sus intervenciones.

Alberto Chirif

En general, Chirif ofreció una sistemática revisión histórica de los diversos dispositivos jurídicos que el Estado peruano ha puesto en juego para tratar la propiedad del territorio indígena. Presentó las fortalezas y límites de la Ley de Comunidades Nativas (elaborada durante la primera fase del Gobierno Militar). Los aspectos fuertes de ella serían la inalienabilidad e imprescriptibilidad de las tierras indígenas. Pensada como un tipo de propiedad particular, transgenracional y colectiva, dicha ley presupone a las etnias como pueblos anteriores al surgimiento del Estado, por ello “originarios”. Además, los títulos de propiedad no son, en ese caso, constataciones a posteriori de la previa compra de un bien, sino que se les otorgan porque son propietarios. En cuanto a las limitaciones, la principal es la vigente contradicción entre la propiedad del suelo (comunal) y el subsuelo, considerado como propiedad Estatal, pues los recursos naturales, en general, son “patrimonio de la Nación”. De la misma forma con el agua, quitando cualquier garantía de recursos que permita la reproducción de la vida social de una etnia.

Ante ello, plantea Chirif, la noción de territorio debe entenderse como “la totalidad del hábitat”.

Siguiendo con el curso histórico del problema, identifica en el gobierno de Fujimori un giro que produce la pérdida de los aspectos positivos señalados más arriba, que en última instancia permitían la lucha legal de las comunidades nativas, dejando la balanza decididamente inclinada hacia los aspectos negativos, aunque agravados. Agravados por la eliminación de garantías de inalienabilidad de la propiedad nativa, además de una ambigua figura de prescriptibilidad en caso de “abandono”. Además, la elaboración de la constitución de 1993 que introduce dichas modificaciones coincide, paradójicamente, con la suscripción de nuestro país al conocido Convenio 169 de la OIT. El último punto a considerar fue un cambio más bien lógico: el Estado propició el paso de Comunidades a Empresas. Es decir, de la figura de Comuneros a Socios y Accionistas. Más allá de los pormenores legales para dar paso al cambio de figura legal al interior de la comunidad, Chirif subraya la “perversión” que la figura, toda ella, implica. Un dato interesante es que bajo esa figura de cambio los grupos de poder no estuviesen interesados en cambiar las comunidades andinas o amazónicas, sino que se promovía especialmente la eliminación de las comunidades costeñas del norte del país. Se trata de la década de los noventa.

Por último, los puntos a trabajar para pensar esta problemática son las recientes dos versiones del discurso del perro del hortelano: la primera bajo el cuño del ex-presidente García; la segunda en clave acaso más sutil, autoría del siempre citado Hernando de Soto. Al igual que la promoción del cambio de comunidades a empresas, la propuesta de De Soto implica promover nuevas personerías jurídicas que recubran la figura de la comunidad nativa, basada en una lógica más bien simplista que reduce los problemas de los pueblos nativos a la tenencia de títulos de propiedad individual, eliminando, sin más, la propiedad colectiva del debate.

Ismael Vega

La entrada de Vega al problema fue más bien la de los aspectos interculturales que deberían ser reforzados para democratizar la democracia. La figura del diálogo, afirma, es imposible en las condiciones actuales. El contexto en el que se enmarcan estos debates se resume de la siguiente forma:

Un gobierno aprista que encontró 6 o 7 contratos petroleros (2006) y legó aproximadamente 90 (2011) puede ser entendido como una compulsiva, intensa y febril vocación (política) de explotar el recurso. Ese dato, para Vega, establece el primer punto donde enmarcar el problema de la consulta y las industrias extractivas en un plano histórico. Hoy más del 80% del territorio amazónico está lotizado, 40 millones de hectáreas en exploración o explotación nos convierten en el país sudamericano con más intervenciones petroleras. Está de más decir que dichas lotizaciones están superpuestas a los territorios indígenas.

Frente a ello, el gobierno actual ha puesto todo el peso de su propuesta política en las industrias extractivas para lograr mantener el celebrado crecimiento económico de la última década, dejando de lado (históricamente dejados de lado) el desarrollo de industrias y tecnología. Al estar apostando por el modelo primario exportador el gobierno, de forma “natural”, mantiene diálogo con el sector empresarial, diálogo constante y fluido. Las comunidades indígenas son obstáculos para el desarrollo del modelo.

¿Cómo consultar si está planteada desde antes la “necesidad” de la explotación de subsuelos? Para Vega es un callejón sin salida. Se complica aún más con lo que llamó los aspectos culturales del problema: las distintas nociones de “territorio” que cada actor del conflicto concibe. Mientras que la empresa y el Estado ven inversiones o mercancías, el indígena estaría frente a aquello que le otorga sentido a la vida.

Concluyendo, ante un modelo que prescribe la necesariedad de la explotación de recursos naturales para continuar con el crecimiento económico, sumado a un espacio de diálogo trunco desde el inicio dadas las diferentes concepciones sobre el problema que no tienen igual importancia para el Estado, sería necesario 1. Propiciar condiciones para que el “diálogo” sea efectivamente intercultural y 2. (Aunque es bastante más complejo y, digamos, “estructural”) abandonar el modelo de Estado-Nación monoétnico, dejando de lado el esquema según el cual una clase imprime un modo de vida al resto, en palabras de Vega.

Antonio Peña Jumpa

El abogado propuso tres puntos para el debate. En primer lugar, recapituló los sucesos de Bagua y enfatizó que, en términos coyunturales, el conflicto fue causado por los famosos decretos del gobierno aprista, remarcando su inconstitucionalidad. En segundo lugar, una interpretación del caso: Se trata de un conflicto más sociocultural que jurídico. Para Peña Jumpa, el derecho es el medio y el fin para resolver conflictos, pero la génesis del mismo se encuentra en un plano cultural. Es decir, existen principios que organizan la vida social de los grupos nativos que entran en contradicción con las formas de vida occidentales u occidentalizadas. Más adelante retomará el punto.

El tercer punto [presentado como crucial por el ponente] es el plano económico: detrás del punto dos yace un interés económico, netamente económico, afirma. De forma poco clara traduce las raíces socioculturales del conflicto a dos principios económicos: 1. El Ser Colectivo (comunidades) frente al Individuo Acumulador (resto de sociedad peruana) y 2. Propiedad individual familiar (comunidades) frente a Propiedad individual (resto de sociedad peruana). En mi opinión, la única forma de enfrentar ambas posturas de forma clara sería afirmar que por parte del Estado existe una forma de entender lo económico como esfera autónoma respecto del plano cultural, mientras que las economías nativas no estarían separadas [ni en lo conceptual ni en la praxis] del resto de esferas de la sociedad. Lamentablemente no hubo ocasión para discutir este punto.

Como última tesis, afirma que “existe una utopía de querer hacer que las comunidades ingresen al sistema capitalista”. Por falta de tiempo no la pudo desarrollar a fondo.

César Gamboa

Como última intervención, el segundo abogado de la mesa nos comunicó algunos problemas respecto a la implementación de la Ley de Consulta Previa. Como marco general recalcó que el modelo neoliberal primario exportador está en crisis hace veinte años, acumulando violencia estructural contra el modelo que insiste en ser continuado. Frente a ello, plantea la necesidad de una nueva Gobernanza: participación, rendición de cuentas, transparencia, entre otros elementos, no como la resolución final de los conflictos (que también implican conflictos culturales) sino como el mejor “tercer término” para poder realizar una mediación efectiva de los mismos.

Además del carácter excluyente del modelo económico, afirma que existe un factor discursivo que agrava la exclusión, citando los discursos del perro del hortelano como representantes de dicho factor; “mochila pesada” que incrementa la carga inherente al modelo económico que sostiene al país. Entre aquellos factores es sintomático el slogan del anterior periodo presidencial: El Perú avanza. Nadie sabe a dónde, pero avanza. Agregamos que es justamente porque no indica hacia dónde avanza que se trata de un discurso eficaz.

Piensa que no hay planificación de uso de recursos naturales (ordenamiento territorial, por ejemplo), es decir, no hay mecanismos de gobernanza. Por ello es que la relación entre las empresas, el Estado y las comunidades se desarrolla bajo la modalidad de la frase “business as usual”.

Otro aspecto de la Gobernanza que no existe en el país es que no hay arquitectura para el diálogo. Por ello considera que el conflicto se desarrolla entre dos posiciones respecto del convenio 169: una posición minimalista por parte del Estado frente a una posición maximalista por parte de los pueblos indígenas.

Además, recalcó que la implementación de la consulta deja abiertas muchas ambigüedades que muestran la voluntad del gobierno actual: si se trata de un Contrato-Ley (entre el Estado y la empresa) que es irreversible (cuyo tiempo de operación, en el caso de las actividades petroleras, es de cincuenta o sesenta años en total) ¿en qué momento de la negociación se debe desarrollar consulta? ¿Se trata de un Derecho que se realizará efectivamente antes de cualquier operación en la zona? Al parecer no. Se deja la puerta abierta para que la consulta a la población llegue en el momento en que a las partes en transa les parezca adecuado.

Como cierre, enfatiza que la disposición del gobierno (y de algunos sectores tanto de opinión, análisis y hasta de la población, agregamos) por presentar todo el problema bajo el discurso de lo técnico esconde las posiciones y voluntades políticas que animan dicho discurso, instrumentalizando, en este caso, la consulta previa como una instancia neutral que, como desarrolló antes, mantiene ciertas ambigüedades que juegan a favor del Estado y la inversión privada. Como panorama porvenir, advierte que a nivel legal estamos como hace varios años atrás pero hay más expectativas por parte de la población nacional. Ante ello, la agenda de Gobernanza cuyos puntos esbozó al inicio puede ser una buena opción a desarrollar, pero requiere de voluntad política.

Una nota posterior

Las intervenciones enfatizaron los impasses que se interponen a una realización plena de la consulta previa. Entre los aspectos históricos, culturales, económicos y políticos es que se puede desarrollar un marco para comprender las raíces del conflicto, además de ofrecer coordenadas para su solución. Sin embargo, me parece que hay un aspecto que no se trató suficientemente: ¿qué significó Bagua para la historia reciente? Se trata de un momento en el cual se instaló de forma consistente el discurso de la “maleabilidad” de la población rural, que vemos hoy como el “argumento” principal con el cual el Estado –y digo el Estado dada la continuidad de dicho discurso a través de gobiernos sucesivos- caracteriza a los pueblos (indígenas o no) que se oponen por diversas razones a la intervención de industrias extractivas.

Establezcamos que como primer punto para cualquier diálogo es necesario el reconocimiento del otro no como simple interlocutor, sino como adversario [entendido no como mero enemigo]: como alguien cuya posición opuesta a la propia es, en primer lugar, válida y merece ser confrontada. Desde allí es posible una deliberación, con la obvia posibilidad de que los intereses de uno y de otro no se lleven a cabo. A ello me parece que apuntó Gamboa al hablar de una arquitectura para el diálogo.

El Estado actual se pasea con una Verdad irrefutable [tal vez podamos examinarla desde el mencionado modelo económico] que no puede escuchar objeciones, funcionando exactamente como hace más de un siglo se entendió teóricamente el Estado en general: como la instancia donde intereses particulares son presentados como si fuesen intereses universales. El Bien Común y sagrado, como reza el discurso estatal, no puede abandonarse por poblaciones “azuzadas” que “no saben” lo que les conviene. Tal vez desde allí podemos hacer el balance de cuánto ha significado realmente la operacionalización de la Ley de Consulta, ya que entendemos que los problemas señalados en la mesa no se pueden reducir simplemente a la voluntad de un gobierno particular, sino que su fuerza y legitimidad en ciertos círculos de poder hoy mismo nos muestra el reverso del discurso que algunos apoyamos en las últimas elecciones. Me parece que los diversos ponentes enfatizaron aquel punto de forma sumamente clara.

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